De acuerdo con informe preparado por la Dirección Técnica de Energía de la Superintendencia de Servicios Públicos, preparado desde finales de 2016, las investigaciones adelantadas por la entidad coinciden con los hallazgos revelados por la Contraloría General de la República en cuanto a la posible aplicación indebida de subsidios provenientes del Fondo de Energía Social (Foes), en detrimento de alrededor de 600.000 usuarios de escasos recursos.

El “Informe Técnico de Gestión de la Empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.”, preparado en abril de este año, expone las razones por las que la conducta de Electricaribe podría haber violado las disposiciones del artículo 5 del Decreto 111 de 2012 y del Literal B del Artículo 16 del Decreto 111 de 2012. Según el texto del informe técnico en cuestión, “si bien la aplicación del [subsidio] se muestra dentro de la factura, se puede evidenciar que el usuario no lo está percibiendo, ya que el beneficio lo aplican al valor del concepto denominado Consumo Distribuido Comunitario”.

Adicional, la Superintendencia de Servicios Públicos encontró indicios de que esta conducta presuntamente ilegal podría haber estado ocurriendo desde al menos el año 2012. Por este motivo, el pasado 17 de julio la Superintendencia notificó a Electricaribe acerca de la apertura de investigación por el uso indebido de subsidios FOES aplicados en el periodo comprendido entre octubre de 2012 y diciembre de 2016.

En caso de que se comprueben las infracciones en cuestión, la Superintendencia podría imponer multas hasta por 100.000 Salarios Mínimos Legales Vigentes.